ANTECEDENTES
La
persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas
contra activistas medioambientales ha sido una constante desde que el
ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad
con la que siempre han actuado los infractores ambientales.
Ya
en 1992 la Comisión Jurídica de la C.O.D.A. recopiló
unos cuantos casos de ecologistas perseguidos desde 1987 hasta esa fecha,
denunció la situación ante el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y lo
difundió entre prensa especializada en medio ambiente.
Más
tarde, en 2000, Ecologistas en Acción elaboró otro informe
sobre persecución contra ecologistas en el que se recogieron 50
casos de detenciones y procesos penales contra activistas de diversas
asociaciones y colectivos ecologistas. Ese informe fue publicado en la
revista “Ecologista” de otoño de ese año, se
difundió a los medios de comunicación y se envió
a diversos organismos como el CGPJ, la FGE, la Asociación Progresista
de Fiscales, el Defensor del Pueblo y la Red internacional E-law. También
se distribuyó un bono de ayuda de 250 pts, en el que se hacia notar
el diferente trato a los ecologistas y a la empresa responsable del vertido
de Aznalcollar en relación con las fianzas. Las ayudas irían
a parar a un Fondo de Solidaridad de Ecologistas en Acción para
sufragar gastos del proceso de Doñana y multas contra ecologistas.
La cantidad recaudada fue muy escasa.
Desde
hace un tiempo hemos detectado un recrudecimiento de los casos de ecologistas
procesados, con la particularidad de que el acoso se ha extendido también
contra nuestros abogados. Hay que hacer notar que el número de
denuncias por cuestiones urbanísticas ha crecido mucho en los últimos
años y que, al haber mucho dinero e intereses en juego en esa materia,
la virulencia de las acusaciones contra nosotros o nuestros letrados es
notable. Es de resaltar que mientras antes las acusaciones más
frecuentes eran por resistencia a la policía, daños a actividades
o empresas u ocupación temporal de inmuebles, ahora han aumentado
significativamente las denuncias por injurias y calumnias. Lo más
preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o “autoridades”
que nos denuncian, sino que en algunos casos diferentes instancias de
la administración de justicia están tramitando estos procedimientos
con un “interés” y agilidad que no tienen cuando se
trata de delincuentes ambientales.
En
este último período hemos tenido que adoptar numerosas iniciativas
de apoyo ante estos procesos y especialmente ante la situación,
particularmente complicada, de nuestros compañeros letrados de
Almería: 4 escritos ante el CGJP, 2 ante el Consejo General de
la Abogacía Española, 2 ante el Colegio de Abogados de Almería,
2 ante el Juez Decano de Almería y 1 ante el Fiscal Jefe del TSJ
de Andalucía, además de numerosas entrevistas con personas
de esos organismos y comunicados de prensa.
CASOS DE PERSECUCION RECIENTE MÁS RELEVANTES
blood drug tests •
Un activista de Madrid (Juan García) fue juzgado en octubre de
2005 por un delito de daños al haber pintado las farolas de una
urbanización con señales de vías pecuarias. Finalmente
fue absuelto.
• El alcalde de Archidona (Málaga) ha presentado una querella
contra nuestro compañero Juan Calvente por oponerse públicamente
a un proyecto urbanístico y solicitar una investigación
al detectar como firmantes del convenio urbanístico a dos detenidos
por una trama de blanqueo de dinero.
• Uno de los abogados de Ecologistas en Acción de Madrid
(Juan Manuel López) fue juzgado en enero de 2006 por denuncia de
una empresa minera que le acusaba de injurias y calumnias por haberla
denunciado por infracciones medioambientales (tenía varios expedientes
sancionadores abiertos por la Consejería de Medio Ambiente y varias
sanciones de la CH del Tajo). Finalmente también fue absuelto,
pero le pedían 300.000 euros de indemnización, multa e inhabilitación.
• En enero de 2006 Pablo Ramos, Coordinador de Ecologistas en Acción
de Extremadura, ha sido condenado por un Juzgado de Badajoz por criticar
la situación de los animales en el Zoo de Almendralejo. La sentencia
ha sido recurrida.
• Hace unos días ha sido el juicio contra varios miembros
de Ecologistas en Acción en Puerto de Santa María (Cádiz)
denunciados por la empresa pública de gestión del agua,
por difundir unas analíticas que evidenciaban el mal funcionamiento
de la depuradora. También han sido absueltos.
• En Almería dos abogados de Ecologistas en Acción
han sido objeto de varias querellas y de otro tipo de acosos por denunciar
irregularidades urbanísticas relacionadas con el Ayuntamiento de
Níjar. Se han recogido 18 irregularidades en el funcionamiento
de los juzgados de Almería que han sido denunciadas ante el Consejo
General del Poder Judicial. El caso más grave es el de Pilar Rodríguez
que ha sido denunciada por un juez por supuestas injurias y calumnias
vertidas en el escrito de un recurso. El juez que instruye el caso está
tramitando ahora con gran celeridad el asunto y la compañera ha
tenido que hacer frente a una fianza de 26.000 euros.
PROPUESTA DE CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
Como
esta situación de persecución y acoso se está generalizando
de manera preocupante, el Consejo Confederal de Ecologistas en Acción
ha decidido realizar una campaña coordinada de denuncia de la situación
y de recogida de dinero para afrontar alguna de las fianzas y multas impuestas.
En ella se plantearán las siguientes iniciativas:
•
Realizar un artículo sobre el tema para el siguiente número
del “Ecologista”.
• Elaborar un informe recopilatorio de los casos más significativos
que se han producido en los últimos años, similar al que
se realizó en el año 2000, para darle la difusión
pública adecuada. Una persona de la Comisión Jurídica
de Madrid se dirigirá a las Federaciones recabándoles datos
sobre detenciones y procesamientos en los últimos años.
• Enviar una carta al Defensor del Pueblo solicitando que se dirija
al CGPJ pidiéndole que sea sensible ante las situaciones que han
venido denunciado ante ese órgano los ecologistas, así como
a la FGE para que dicte instrucciones a los fiscales orientando a estos
sobre la manera de proceder ante procesos contra ecologistas, especialmente
en los casos de denuncias por injurias y calumnias. De ello habría
que emitir una nota de prensa.
• En el mes de junio celebraremos una reunión en Almería
del Área Jurídica de Ecologistas en Acción para apoyar
“in situ” a nuestros compañeros de esa provincia.
• Tarjeta-Bono de ayuda.
Se editará una tarjeta o díptico relatando brevemente algunos
casos, explicando la discriminación y persecución de que
somos objeto y pidiendo unos 5 euros de apoyo y ofreciendo una cuenta
corriente para aportaciones de 30 euros o más. La idea es disponer
de un remanente para poder afrontar multas y fianzas. La federación
de Andalucía ya dispone de un “Bono Solidario” de estas
características. En un primer momento habría que cubrir
los gastos del aval bancario que ha tenido que soportar la compañera
Pilar de Almería. Habrá que establecer criterios para asignar
ese fondo a otros casos.
La
tarjeta podría distribuirse internamente entre las Federaciones
y el Área Jurídica y externamente a instituciones (fiscales)
y otras entidades, colectivos y asociaciones.
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